LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SOFÍA BARAT APOYA LA CAMPAÑA “MÁS PLURALES”

El proyecto de la LOMLOE continúa su tramitación. Su aprobación en el Congreso por 177 votos (uno más de la mayoría absoluta) y el hecho de que sólo se aceptaran unas 200 enmiendas (casi todas de los partidos del gobierno) de las más de 1.100 presentadas, evidencian la polarización política y la falta de consenso que está suponiendo esta nueva ley educativa.

Actualmente, el proyecto se encuentra en el Senado, aunque su paso por esta cámara podría ser rápido si no se acepta ninguna enmienda. En cualquier caso, la voluntad del Gobierno es que esté aprobada en febrero, por lo que podría entrar en vigor a partir de mes de marzo. 

En este contexto, la plataforma Más Plurales, en la que participa Escuelas Católicas junto a otras organizaciones patronales, sindicales y de familias de la escuela concertada, refuerza su campaña durante el mes de diciembre y hasta que exista posibilidad de influir en este proceso. 

La Fundación Educativa Sofía Barat ha ido de la mano de EC en este tema desde el principio, pero lo hacemos siempre desde nuestra identidad y nuestro estilo de afrontar la realidad para transformarla. Es decir, intentamos alejarnos de la crispación, los mensajes generalizadores y exagerados y las polémicas entre grupos políticos. Porque tenemos claro que esta campaña es para defender el derecho de elección de las familias y el futuro de la escuela concertada, no una lucha partidista. Por supuesto que esto no significa que no debamos reivindicar y luchar por lo que consideramos justo.

En este sentido, nos parece fundamental dejar claro cuáles son los aspectos de la ley que nos parecen más peligrosos para nuestros centros:

• Es una ley sin consenso: se repiten los mismos errores que en leyes anteriores. La LOMCE fue aprobada con una oposición muy clara por parte de sectores importantes de la comunidad educativa y del espectro político. La LOMLE, si se aprueba, tampoco contará con el deseable consenso social y político que la haga estable y duradera. Desde Escuelas Católicas, así como desde amplios sectores de la comunidad educativa se demanda un pacto educativo que sea capaz de dar estabilidad a la educación en nuestro país.

• Elimina la demanda social y reduce significativamente la capacidad de elección de la familias del colegio que quieren para sus hijos. En su artículo 109 sobre la “programación de la red de centros” dice lo siguiente:

2. Lasenseñanzas reguladas en esta Leyse programarán por las Administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los privados concertados, asegurandoel derecho a la educación y articulando el principio de participación efectiva de los sectores afectados como mecanismo idóneo para atender adecuadamente los derechos y libertades y la elección de todos los interesados. Los principios de programación y participación son correlativos y cooperantes en la confección de la oferta que conllevará una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo.

3. Las Administraciones educativas programaránla oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicasen las diferentes áreas de influencia que se establezcan, especialmente en las zonas de nueva población.

Es cierto que la demanda social no puede ser el único criterio de planificación, pero al desaparecer su mención, este artículo queda deliberadamente ambiguo, lo que permite a las administraciones autonómicas programar sin la obligación de mantener aulas que cuenten con demanda por parte de las familias. El punto 3 lo deja más claro aún: la programación garantizará la existencia de plazas públicas. Dicho de otro modo: la administración podría determinar las aulas que se ofrecen antes de abrir el proceso de admisión.

En los últimos años, en algunas comunidades, como Aragón o La Rioja, la administración aplicó este criterio cerrando aulas de centros concertados muy demandados antes del proceso de admisión. Hubo movilizaciones y demandas por parte de los centros y finalmente los tribunales les dieron la razón porque no se había respetado la demanda social. La administración tuvo que corregir su actuación porque no obedecía a derecho. Con la LOMLOE en vigor podría hacerlo y no cabría apelar a la demanda social porque no aparece como criterio de programación.

Por supuesto, esto no quiere decir que en el momento en que se apruebe la LOMLOE se vayan a empezar a cerrar aulas y a despedir a profesores, entre otras cosas, porque su aplicación va a depender de las comunidades autónomas.  Pero, a la larga, esta referencia a plazas públicas en lugar de a plazas sostenidas con fondos públicos, así como la desaparición de la demanda social, pueden poner el riesgo la continuidad de los centros concertados, al permitir la supresión progresiva de la enseñanza concertada en las comunidades autónomas que así lo determinen por decisión política mediante la sistemática e innecesaria creación de nuevos centros públicos o incrementando sus unidades, con el único fin de argumentar que no es necesario el mantenimiento de unidades concertadas porque ya hay unidades públicas suficientes. 

• No resuelve la infrafinanciación de la concertada a través del módulo de conciertos: es un hecho ampliamente demostrado que el módulo de conciertos no alcanza para financiar el coste real de un puesto escolar en un centro concertado. Aunque es una exigencia del propio régimen de conciertos y de la LOE (Artículo 88.2 y Disposición adicional 29), su incumplimiento sistemático constituye un trato discriminatorio para las familias que optan por la red concertada. Por parte de Escuelas Católicas se ha solicitado repetidamente solventar esta cuestión y, en concreto, añadir en la redacción de la nueva ley en su artículo 116.4, en relación con los derechos y obligaciones recíprocas del régimen de conciertos, la frase “incluyendo el coste real del puesto escolar”.

Por desgracia, en los medios de comunicación y las redes sociales se refleja fundamentalmente que la concertada está en contra de la ley porque se prohíben las cuotas (¿acaso están permitidas ahora?) y se impide seleccionar al alumnado haciendo un reparto equilibrado del alumnado vulnerable (¿acaso no estamos sujetos a los mismos procesos de admisión?). Así que vuelven a repetirse los clichés y estereotipos más comunes contra la concertada.

Esta situación nos exige no sólo movilizarnos en defensa de un proyecto educativo y pastoral de cuya vigencia estamos convencidos, sino ayudar a crear una opinión informada, objetiva y equilibrada sobre nuestros colegios frente a prejuicios.  Y, por supuesto, también supone ser muy exigentes en la calidad y transparencia de nuestras actuaciones y mensajes, siendo muy coherentes con nuestro compromiso de servicio público abierto a todos.

EQUIPO DE TITULARIDAD